Guillermo Knochenhauer
Las iniciativas políticas que Enrique Peña Nieto enderezó por medio de la Cámara de Diputados, fueron consideradas antidemocráticas por algunos senadores de su propio partido. El ideario político del virtual candidato presidencial se reduce a volver a un "Estado eficaz", que a su entender lo sería a condición de tener el apoyo de una mayoría legislativa absoluta. Sería la vuelta al pasado político. Su problema es la muy baja probabilidad de que el partido que resulte mayoritario, lo sea de manera absoluta por voluntad del electorado.
La propuesta que presenta Peña Nieto de eliminar el tope de 8% de diputados plurinominales que se asignan al partido mayoritario, está "pensada" para resolver el inconveniente de que el electorado no le diera más de la mitad de las curules. De ese tema nos ocupamos en nuestra colaboración de la semana pasada.
También en política económica, el planteamiento de Peña Nieto ha sido "más de lo mismo": la propuesta ha sido mantener la estabilidad macroeconómica, profundizar la competencia de mercado ¿desregulado?, y en el contexto internacional, dar prioridad a mejorar la integración con América del Norte.
La novedad es la propuesta explícita de abrir Pemex a la inversión privada. El Wall Street Journal opinó que hace diez años hubiera sido impensable que surgiera del PRI la propuesta de permitir inversiones privadas en la paraestatal. No estoy seguro: el PRI del neoliberalismo se comprometió con esa reforma.
Autoritarismo político y mercado sin regulación es lo que el PRI inauguró con la apertura al neoliberalismo en el sexenio de Carlos Salinas, que el panismo no ha hecho más que dejar que el dogma agudizara los dos mayores problemas del país: las desigualdades y el estancamiento económico.
Superar el estancamiento económico no es un desafío meramente económico ni mucho menos se reduce a estrechar aún más la integración productiva y comercial (subordinada en todo caso) a Estados Unidos. Requiere políticas con propósitos claros de equidad social y un marco de coherencia ética entre el Estado y la sociedad que la corrupción y la impunidad han hecho trizas.
México ha crecido cuando el resto del mundo lo ha hecho. Lo hizo en el periodo 1945 a 1970 que fue, para todo el mundo, una suerte de milagro que dio seguridad en el empleo y movilidad social ascendente a una escala sin precedentes. Lo mismo sucedía en Estados Unidos y en Alemania con el "milagro alemán", que en Francia, en Inglaterra, en México y en muchos países más.
Al "milagro mexicano" de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado se le ha explicado por el buen manejo hacendario de Antonio Ortiz Mena, quien mantuvo la disciplina fiscal y la estabilidad de precios sin restringir el crecimiento económico. También se le ha considerado como un periodo de crecimiento basado en el mercado interno, protegido del comercio exterior por el "nacionalismo económico", derivación del "nacionalismo revolucionario". Todo ello es parte de esa historia, en la que fue crucial el largo periodo de reconstrucción posbélica que involucró al mundo industrializado y a buena parte del periférico.
Sin embargo, los gobiernos del PRI no tuvieron el éxito económico y social que alcanzaron los estados del bienestar en Europa, porque no se propusieron poner coto a las desigualdades, a pesar de que ése era el lema de su legitimidad. El crecimiento económico benefició a muchos mexicanos, pero lo hizo desmesuradamente con una pequeña minoría.
Faltaron el régimen que propiciara la negociación democrática entre sindicatos obreros y empresariales, y los propósitos de equidad que le dieran rumbo a la planificación económica del Estado. Los acuerdos que se hubieran alcanzado con esos elementos habrían permitido construir la estructura hacendaria necesaria, desde aquellos años, para solventar servicios sociales de más amplia cobertura y de mejor calidad, indispensables para atemperar las desigualdades. Las limitaciones fiscales son y seguirán siendo motivo de litigio por la falta del consenso moral sobre el tipo de país que queremos.
No se trata de volver al pasado, sino de escapar de la inercia con nuevas reglas. Las crecientes desigualdades y la inercia económica paralizante son dos aspectos del agotamiento del modelo, crecientemente incapaz de mantener la gobernabilidad ante poderes que desafían al Estado, desde narcotraficantes hasta gobernadores y alcaldes, como Fernando Larrazabal, de Monterrey.
Las tentaciones autoritarias para conservar el orden de cosas están a la orden del día. Cambiar reforzando la democracia, es el desafío que se desdibuja en posiciones como las que hasta ahora ha perfilado Peña Nieto.
knochenhauer@prodigy.net.mx
Profesor de la FCPS de la UNAM
